El gerente de la Radio Televisión Pública de Ceuta (RTVCE), José Manuel González Navarro, habría ordenado obviar el orden de la bolsa de empleo creada en 2020 para la categoría de redactor-presentador y llamar a una profesional determinada proveniente del SEPE. Así lo afirmó al menos -bajo juramento- la secretaria de la cadena, María del Carmen de las Heras, que añadió a esa ocasión otra en la que se habrían saltado a la periodista que ejercía hoy la acusación en juicio contra el ente. "Yo estaba al control de la bolsa pero si alguien quiere contratar a otra persona y me dice, 'esta es', no me puedo negar", llegó a asegurar.

La mujer dijo tener como prueba de los hechos un mensaje de Whatsapp de Navarro, negó que la denunciante hubiera dejado de contestar en algún momento a sus llamadas para incorporarla como interina y dijo que las bases que regulan la bolsa están "mal redactadas", además de dejar entrever falta de control formal por parte de la cadena en estos procesos.

Todas estas cuestiones aparecen como aspecto clave en un juicio en el que la defensa -muy sorprendida y casi desarbolada ante la prueba presentada por la acusación- trató de agarrarse a supuestos contactos no respondidos por parte de la periodista que se siente agraviada y al hecho de que los estatutos indiquen que tras dos comunicaciones fallidas el candidato pasa a ser el último de la bolsa. Ambos serían los principales motivos para que se optara por otras personas en su lugar.

El caso visto hoy en el Juzgado de lo Social nº1 encerraba particularidades que lo diferenciaban ligeramente de los otros cuatro celebrados en las últimas semanas contra RTVCE, aún con un fondo parecido. La diferencia principal reside en que a la hoy reclamante no solo la habrían dejado de elegir en virtud de personas de fuera de la bolsa de trabajo de redactor-presentador, merced a la creación de la nueva categoría de redactor para la que se pidió candidatos al Servicio de Empleo Público (SEPE), sino que en algunos de los contratos también directamente se habría obviado su contratación en virtud de otros profesionales que tenían puestos inferiores en el listado de la cadena.

La jueza deberá valorar ahora, entre otras cuestiones, la veracidad del testimonio de la secretaria, si la documental presentada por la defensa demuestra la falta de respuesta por parte de la denunciante a las llamadas para cubrir interinidades y si las propias bases de la bolsa son lo suficientemente rigurosas y se aplicaron correctamente como para excluirla de los procesos de contratación. Colateralmente, por lo expuesto en la sala, la justicia de las oposiciones celebradas por el ente en meses previos ha quedado en entredicho.

Dos testimonios y al menos seis contratos en los que se habría prescindido de la demandante

La letrada Cristina Bernal se mostró implacable pero también impecable durante el juicio desde sus inicios, aportando los contratos temporales que, posteriormente a la denuncia, le hizo la cadena a su cliente, que trabajó 11 días en 2023 y 16 en 2024 para RTVCE. Un agregado que a su entender no modificaba sustancialmente sus pretensiones, pero sí dejaba a las claras su intención de mostrar transparencia; a la vez que evidenciaba las escasas ocasiones en las que se ha contado con la profesional. "No fue una exclusión de facto, pero si hubo ausencia de llamamiento cuando correspondía".

Delimitó además con carácter previo los periodos en los que su patrocinada estuvo disponible y no fue llamada y pidió incrementar la cuantía de la indemnización a percibir dado el tiempo transcurrido a posteriori. Esta cuestión la argumentaría a mayores en las conclusiones, apelando entonces a la pérdida de puntos que le produjo el hecho de no ser contratada cuando le correspondía de cara a concurrir a las oposiciones. Perjuicio ahora insubsanable.

Iniciada su exposición, defendió que con la denuncia y la prueba documental aportada ya existían "indicios suficientes" de que se hubiera producido la vulneración constitucional demandada. De esta forma apeló a la "inmersión de la carga de la prueba" -explicaría en las conclusiones que para la cadena es más fácil disponer de la documentación- que contempla la legislación, de modo que debería ser la Televisión quien demostrase que obró de manera ajustada a norma.

Desde junio de 2022, según lo expuesto por Bernal, no se llamaría a su cliente hasta después de presentada la denuncia. Sin embargo, en septiembre de ese año se habría recurrido para dos vacantes a sendas personas con puestos inferiores en la bolsa. Seguidamente se habría optado por una persona fuera del listado y proveniente del SEPE, en lugar de por la demandante y de nuevo en otra ocasión por una profesional con puesto inferior en la bolsa.

Ya en 2023 y repitiendo la operación, otra periodista enviada del Servicio de Empleo Público habría sido escogida obviando a la demandante y también se prorrogaron varios contratos a posteriori a personas provenientes del SEPE cuando ella estaba disponible para trabajar.

Algo que choca con el hecho de que fuera "a todos los efectos la primera de la bolsa", ya que, según reconoció durante el interrogatorio el gerente, González Navarro, los tres primeros de aquel listado elaborado en 2020 "no están activos", principalmente por desempeñarse en otras empresas.

Justo antes del testimonio del responsable de la cadena -designado políticamente, como reconoció en la vista-, la abogada presentaría en sala una prueba que cambió la cara tanto del gerente como de su letrado. Una llamada grabada entre la periodista y la secretaria del medio en la que esta última reconocía saber que la habían obviado estando disponible y habérselo transmitido al responsable.

El testimonio de la secretaria

Si la grabación pareció generar cierto desasosiego entre la defensa, más lo hizo el testimonio de la secretaria, María del Carmen de las Heras, quien en anteriores vistas había acudido a comparecer propuesta por la Televisión y esta vez lo hizo a petición de la parte contraria. De hecho, Bernal le preguntó si se sentía en cierta medida coaccionada al declarar ante su superior: "No, me siento obligada a decir verdad", apostilló.

Ella echó en cierta medida por tierra la posibilidad de que la denunciante no hubiera respondido a sus llamadas. "No es que sea pesada, pero estaba siempre encima, sabía cuando le tocaba y me escribía para decirme cuándo estaba disponible", subrayó ante la magistrada.

De hecho, como prueba se adjuntaron correos electrónicos y comunicaciones varias de esos avisos por parte de la periodista coincidiendo con las fechas en las que se realizaron algunos de los contratos anteriormente citados.

La bomba llegaría al final del interrogatorio de parte de la acusación. Fue entonces cuando de las Heras no dudó en asegurar que en varias ocasiones fue consciente de que se la estaban saltando en la lista y señaló directamente al gerente como autor de una orden directa. Este le habría dado nombre y apellidos de la persona elegida a pesar de avisarle de que no se respetaba de esa manera la bolsa, llamando a alguien del SEPE.

A continuación, cuando el abogado contrario le preguntó por esto, ella respondió: "Yo estaba al día del control de la bolsa, pero si alguien quiere contratar a otra persona y me dice, 'esta es', yo no me puedo negar". El letrado solicitó que aportara el mensaje telefónico en el que se habría dado la mencionada orden de omitir el listado considerando entonces la jueza que no procedía.

Después, De las Heras sería cuestionada por la normativa del proceso de incorporación desde el listado. "¿Usted conoce las normas?", le inquirió la defensa. "Si alguien no contesta yo procuro que conteste. Por teléfono o por lo que sea. En las bases pone que tengo que llamar y que mandar correo, pero las llamadas no se registran. Yo desde mi propio móvil he hecho llamadas".

También apuntó a problemas de pérdida de correos electrónicos y a conversaciones incluso por Whatsapp con los candidatos, para concluir considerando que "las bases están mal redactadas". Todo ello arrojó como fotografía un cierto descontrol en la gestión a todos los niveles de contratación por parte de la cadena.

La defensa se aferra a la formulación de las bases

El abogado de RTVCE, que descartó interrogar al gerente y también renunció a sus testigos, apeló nuevamente -ya lo había hecho en los cuatro juicios previos- a la prescripción de los hechos y, como novedad, a la supuesta falta de respuesta "hasta en nueve ocasiones" por parte de la denunciante cuando se la llamó para trabajar.

Este hecho, según las bases de la bolsa de 2020 -que en principio tampoco parecen estar cumpliéndose- supondría que con un solo llamamiento sin contestación el candidato pasaría al final de la lista y, con dos, sería excluido.

Sin embargo, el gerente reconoció que la única fuente de control del orden de llamada y de todas las cuestiones relacionadas -como quién atiende las comunicaciones- lo lleva De las Heras.

Una oposición manchada

La vista también sembró dudas sobre la limpieza del proceso de oposiciones que RTVCE ha desarrollado en los últimos meses. Lo hizo por dos cuestiones.

La primera, que quienes se incorporaran desde el SEPE para cubrir vacantes obtuvieran puntos por su actividad profesional. Y es que, según leyó Bernal del acuerdo -firmado entre gerencia y sindicatos- que dio paso a esta opción, “los aspirantes contratados no generarán puntos para futuras contrataciones ni entrarán en la bolsa”.

Frente a esto, González Navarro dijo entender que se refiere únicamente a la incorporación al listado y no al proceso para obtener una plaza fija.

En segundo lugar, la abogada tuvo en cuenta en pos de solicitar una indemnización mayor el hecho de que la persona que habría sido señalada con nombres y apellidos por el gerente para entrar desde el SEPE y ser contratada en vez de la denunciante, lleva desde ese momento trabajando ininterrumpidamente para la empresa. Esto, tal y como indicó Bernal, le ha generado una importante cantidad de puntos y ahora es una de las periodistas que obtendrían plaza según el resultado de la oposición.