El propietario de la vivienda había encargado el estudio a una arquitecta por imperativo de la Consejería, sin embargo, tras vender el domicilio su elaboración se paralizó y la Ciudad no ha hecho más por aclarar si la vivienda estaba en ruinas y, en caso de ser así, los motivos que la llevaron a ese estado
En cuestión de cinco horas se generan dos decretos, un informe jurídico, otro técnico y otro policial que acaban con quienes residían allí fuera de la vivienda, mientras negocian dejarlas definitivamente, sin saber si el informe patológico encargado por la Administración podría permitirles en el futuro volver. Mientras, el Gobierno asegura que mandó parar la obra cuando la promotora alertó de que las casas podían encontrarse en estado de ruina y que los técnicos inspeccionaron el estado de la edificación antes de dar la licencia de demolición.
