Corría mayo de 2019, con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina para renovar la composición de la Asamblea de Ceuta, con cierta tensión electoral, después de que a finales de abril, el PSOE se alzase con la victoria en las primeras generales de aquel año y Pepe Simón, Adil Mohamed y Blanca Gómez se convirtieran en parlamentarios nacionales. VOX había además desplazado al PP a la tercera posición electoral. En ese contexto, el Gobierno de la Ciudad lanzó una licitación pública para sustituir el ascensor de la playa de la Ribera, cambiar la máquina y de paso acometer una reforma que lo había de convertir en un ascensor panorámico. El ascensor tenía también su propia historia y su propio contexto.

El verano anterior pasó buena parte del mismo fuera de servicio. Averías varias y actos vandálicos habían hecho que ese acceso a la playa, ampliamente usado por los ceutíes, estuviera cada poco tiempo fuera de uso, obligando a quienes querían acceder al arenal a bien usar la parte baja del Mercado Central, bien la escalera central de la playa en la calle Independencia o bien el acceso por Fuente Caballos.

El Gobierno decidió poner pie en pared y cambiar la máquina que ya acumulaba años de servicio y averías y de paso embellecer ese acceso convirtiendo el ascensor en panorámico sustituyendo los ladrillos, “el panel sandwich” de la estructura en una enorme cristalera que permitiera ver el mar y la playa durante el trayecto arriba o abajo a través del mismo.

En junio, adjudicó el contrato a la mejor oferta, la que presentó Africana de Contratas y Construcciones (ACC). Y en julio, concretamente el día 19, un representante de la empresa y el entonces consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública, Alberto Gaitán, firmaban el contrato para el inicio de las obras.

81.429,67 euros con el IPSI incluido y 74.026,97 sin impuestos para una obra que salió a licitación con un precio estimado del valor del contrato de más de 96.000 euros con los impuestos incluidos. Tres meses de ejecución. Y una garantía del 5 por ciento sobre el precio de adjudicación que debía suscribir el adjudicatario ACC.

La idea con la que trabajaba el Gobierno era que una vez firmado el contrato se completaran durante lo que restaba de verano algunos trámites, como la presentación por parte de la empresa del Plan de Seguridad y Salud de la obra y una vez echada la persiana de la temporada de baños arrancaran los trabajos que debían procurar en cualquier caso que para finales de ese 2019 o principios de 2020 los ceutíes pudieran contar con un nuevo ascensor panorámico para acceder a la Ribera que dejara atrás varias temporadas estivales salpicadas de cierre por averías. No fue así.

En los sucesivos años, el área de Gobierno de Servicios Urbanos, ya fuera bajo el paraguas de Medio Ambiente o de Fomento, ha adjudicado a otra empresa, Zardoya Otis, labores de mantenimiento mediante un contrato menor cada ejercicio, entre 4.500 y 6.500 euros, dependiendo del ejercicio, tanto para ese ascensor como para el que unía la parte superior del Mercado con el boquete a dónde precisamente conducía el ascensor panorámico fantasma. El ascensor ha seguido funcionando, pero ni rastro de aquella obra.

“La gran afluencia de público a la playa urbana de La Ribera a través del ascensor existente en la calle Deán Navarro Acuña, han provocado que dicho ascensor se haya tenido un alto grado de uso desde su instalación. En la última temporada estival, se ha tenido que mantener sin servicio durante largos periodos de tiempo, debido a las continuas averías que se han venido sucediendo, indicativo de la finalización de la vida útil de sus elementos mecánicos activos, o de otras provocadas por actos vandálicos sobre los elementos de cierre, pulsadores, etc”, recogía el pliego de de prescripciones técnicas del concurso.

“La intervención se localiza sobre el ascensor ya existente de acceso a la playa de la Ribera, cuyos elementos mecánicos han llegado al final de su vida útil. Tras aportar varias soluciones se ha optado por la utilización de la estructura portante existente, formada por perfilaría metálica con panel sandwich, no desmontándose la misma, sustituyendo la maquinaria existente por otra de similares características, así como el panel sandwich actual, por cristal armado 3+3, consiguiendo de esta forma que el ascensor sea panorámico, disminuyendo el riesgo de actos vandálicos en el interior de la cabina”, proseguía el mismo pliego.

Al ser transparente se hacía más complicado que cualquier incívico decidiera atentar contra los botones, ya que cualquiera otra persona podría verle desde la playa o desde el paseo de Independencia.

Casi 5 años después de esa adjudicación, en Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos no aciertan a saber qué pasó exactamente con la obra. Lo único claro es que no se llevó a cabo. No aciertan a concretar si hubo renuncia expresa por parte del contratista aprovechando la ventana que abrió la pandemia y las sucesivas crisis de suministros o el incremento en el precio de algunos materiales. Parece que no, a priori, por las consultas realizadas por este medio.

De ser así, de confirmarse que no ha habido renuncia al contrato por parte de la empresa, el Gobierno tendría varias opciones. Forzar a la empresa a acometer los trabajos y además inponerle una sanción que podría rebasar los 10.000 euros entre la ejecución de la garantía del 5 por ciento del precio de licitación y las penalidades estipuladas en el propio contrato y las cláusulas administrativas de la licitación, o aplicarle la multa, rescindir el contrato y volver a licitarlo. Todo eso dando por hecho que la obra no se hizo (lo que es evidente) y tampoco se pagó.

Sean cuales sean las razones, causas y azares que rodearon a la no ejecución del contrato firmado entre ACC y los ceutíes, la realidad es que la vecindad sigue, 5 años después de adjudicarse los trabajos, sin disfrutar de un descenso a la Ribera panorámico como así estaba previsto, presupuestado y contratado.

Habitual

El ascensor de la Ribera no es el único caso de obra adjudicada, con contrato firmado que o bien no se ejecuta o acaban pasando años hasta que arrancan los trabajos. El área de Fomento parece ser un coladero incapaz de vigilar que las empresas adjudicatarias cumplen con lo comprometido por escrito. En el mejor de los casos, las obras acaban realizándose con muchos meses de retraso, en el peor, pasan años sin que se sepa nada al respecto salvo que algún vecino o grupo político lo reclame y en algunos casos ni con esas.

Saben latín sobre esta situación, los vecinos de Juan XXIII, que siguen, también un lustro después, sin disfrutar de una nueva pista polideportiva y local social, a pesar de la celeridad -en ese caso sí- con al que Tragsa decidió derribar y levantar la preexistente a sustituir una vez recibió el encargo del Gobierno.

Otro ejemplo notable y sonado es el del estacionamiento del que iban a disfrutar los vecinos del Sarchal en el enorme agujero que dejó en su día otro notable incumplimiento de un contratista, en este caso con la bendición gubernamental. Donde iban a levantarse dos torres de viviendas públicas más se quedó un enorme solar vacío. De las 127 viviendas que adjudicó el Ejecutivo finalmente se hicieron sólo 86, aunque los trabajos acabaron costando un 25 por ciento más de lo previsto. De los 10 millones de adjudicación se pasó a una factura final de 12,5 millones por 41 viviendas menos. Hace dos semanas, cuando ya habían pasado dos años, el consejero de Fomento anunció en el Pleno que renunciaban también al aparcamiento.

Eso en lo notable. En Juan Carlos I, se siguen preguntando el motivo por el que siguen sin poder hacer uso del parking cubierto en varias alturas ya terminado.

Otras pequeñas obras de mejora a lo largo y ancho de toda la ciudad, trabajos menores que o bien se adjudican directamente por la vía del contrato menor o salen a licitación por menos de 100.000 euros acaban demorándose meses o incluso años sin que prácticamente nadie justifique los motivos de los retrasos ni que se sepa el área de Fomento acabe abriendo expediente sancionador alguno por los retrasos.