El pasado domingo 9 de junio sólo el 32,19 por ciento de los ceutíes llamados a las urnas para renovar el Parlamento Europeo acudieron a votar. Un porcentaje muy por debajo de la media del país que rozó el 50 por ciento y sideralmente por debajo de países como Bélgica (90 por ciento) o de la media de la Unión (51,07 por ciento). Desinterés máximo por la cámara legislativa europea que después acaba aprobando leyes que los países tienen que transponer, adaptar en su legislación nacional. Como por ejemplo la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Una Ley que se traducirá en el bolsillo de los ceutíes a partir de abril de 2025 en forma de un incremento de unos 30 euros por usuario y año en el recibo único con el que se paga el suministro de agua, el servicio de alcantarillado y la recogida de basura, según confirman desde Hacienda.

Puede parecer poco, pero si se mira en términos globales la Ciudad Autónoma incrementará en un 50 por ciento lo que recauda con esta tasa en la que ya están trabajando en la Consejería de Hacienda a través del Organismo Autónomos Servicios Tributarios. Tienen que repercutir 900.000 euros entre los casi 30.000 usuarios (entre hogares y negocios) que pagan esta tasa. En 2022, con las cuentas liquidadas la recaudación por este concepto fue de 1,5 millones de euros. Se había presupuestado una previsión de ingresos de 2,4 y al cierre de las cuentas había otros 300.000 euros pendientes de cobro.

El Ayuntamiento de Ceuta no es el único que tiene que enfrentar este problema, los alcaldes del Partido Popular de todo el país se refieren a lo que viene como el “tasazo”, según relataba el diario digital El Confidencial recientemente.

Todo esto que repercutirá de forma directa en su bolsillo tiene que ver con una tendencia impuesta en la Unión Europea desde hace ya lustros. La directriz general es que la ciudadanía tiene que pagar el coste real de los servicios, con especial hincapié cuando están relacionados con el medio ambiente, como es el caso de la gestión de basuras. El principio recogido en la Ley es "quien contamina paga".

Esto significa que la situación puede ir a peor. El ceutí a día de hoy está muy lejos de pagar con sus impuestos y tasas lo que le cuesta el suministro de agua, y más lejos aún el servicio de recogida de basura, su tratamiento y la transferencia al vertedero peninsular.

Ese 1,5 millones de euros que pagamos todos los ceutíes por la gestión de la basura se queda a años luz de los aproximadamente 30 millones de euros que costará la recogida de basura y la limpieza viaria una vez municipalizada y los entre 7,5 y 8 millones que estimó el propio consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, que acabará costando el nuevo contrato de la planta de Transferencia. Ambos servicios se han visto incrementados en sus costes en los últimos años de forma exponencial en más de un 20 por ciento. Unos incrementos de costes que antes o después acabarán en el recibo único.

La diferencia a lo bruto entre lo que pagan los ceutíes y recauda la Ciudad y lo que cuestan los servicios superaría a día de hoy los 35 millones de euros. Repartido entre los 29.458 usuarios que pagan el recibo único, según han aportado desde Hacienda, se traducirá en años venideros en un incremento de unos 1.150 euros anuales por usuario en la tasa. Pero que no cunda el pánico, aún estamos lejos de arruinarnos pagando por gestionar nuestros residuos.

Es cuestión de matices, Ceuta es de las pocas administraciones que aún no separa en sus presupuestos la recogida de basura de la limpieza viaria. Sólo los costes de la primera tendrán que acabar siendo repercutidos al ciudadano antes o después

De momento, los 900.000 euros que trabajan en repercutir vía tasa en Servicios Tributarios se corresponden con exactamente la misma cantidad que viene pagando ya la Ciudad por producir basura desde 2023, según confirma la Consejería de Hacienda. Aunque Ramírez parezca no haberse enterado.

Eso significa que entre las excusas que puso su compañero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, el nuevo retraso después de más de 8 años, para licitar el servicio de la planta de transferencias de residuos sólidos urbanos, una no era verdad.

Ramírez habló de una nueva tasa que había que pagar y que alteraba el precio de licitación. Como si fuera algo sobrevenido y nuevo. No lo es hasta el punto que la Ciudad ya la está pagando. Y la paga la Ciudad no la empresa que traslada la basura. Es tan poca novedad como que la Ley es de abril de 2022 y en realidad adapta una normativa Europea que es mucho más anterior. Una situación que da buena cuenta de la falta de previsión y diligencia con la que trabajan en Medio Ambiente y Servicios Urbanos en estas cuestiones. Ramírez también echó la culpa a la falta de personal. Hasta hace sólo unos meses, según su relato, un sólo técnico, coordinado eso sí, por una directora general. Ahora la Dirección General cuenta con tres técnicos a los que supervisar y dirigir en sus labores que están remuneradas con un sueldo anual de casi 94.000 euros.

De momento el “tasazo” al ceutí al que está obligada Hacienda por la Unión Europea, esos 900.000 euros, son sólo la repercusión de la tasa por producir basura que la nueva normativa ya introdujo el año pasado. Es decir, sencillamente se repercute al ceutí, como marca la Ley, la tasa que paga el Ayuntamiento como productor de basura. “Es los que cuesta usar el vertedero de Casares por depositar la basura allí”, explican desde Hacienda. La tasa en realidad es nueva, no tiene carácter tributario, también por Ley. Un pago que ya estaba en los presupuestos, que ya se pagaba, y que por tanto difícilmente puede servir de justificación a Ramírez para explicar un nuevo retraso para la licitación de la Planta de Transferencia. Ni tan siquiera está claro cómo puede influir en el precio del contrato una tasa que en realidad ya paga la Ciudad y va a acabar pagando el ceutí.

Otras consecuencias

Y ojo que el tasazo por la gestión de la basura no es el único efecto que podría acarrear la Ley. Depende como se interprete el punto c del artículo 7, tal vez la planta de transferencia haya que moverla de ubicación:

"Artículo 7. Protección de la salud humana y el medio ambiente.

1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular:

a) No genere riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora.

b) No cause incomodidades por el ruido, los olores o humos.

c) No afecte negativamente a paisajes, espacios naturales ni a lugares de especial interés legalmente protegidos.

2. Las medidas que se adopten en materia de residuos deberán ser coherentes con las estrategias de lucha contra el cambio climático, y con las correspondientes políticas de salud pública".

Financiación del Estado y auditoría

Como en casi todo en Ceuta, al final la salvación puede pasar por el Gobierno Central, el Estado. La Ley establece en su disposición adicional tercera que la Administración Central tiene que ayudar a sus territorios fuera de la península a pagar los costes del tratamiento de sus basuras:

"Disposición adicional tercera. Residuos de las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla.

1. A la entrada en vigor de esta ley la Administración General del Estado establecerá medidas para financiar el coste adicional que implica la valorización de los residuos generados en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla que no hayan podido valorizarse in situ y que sean transportados por mar a la Península o a otra isla. Esta financiación estará condicionada a la existencia de programas de prevención y planes de gestión de residuos vigentes, adoptados conforme a lo establecido en esta ley, que demuestre que se están adoptando las medidas necesarias para minimizar la cantidad objeto de transporte".

La tasa que esgrimió Ramírez como excusa para un nuevo retraso en la licitación de la planta de transferencia de nuevo se evidencia que no es nada novedoso. Tanto que el propio Ramírez en esa misma rueda de prensa, recordó sin mencionarla así esta disposición adicional tercera, reclamándole al Estado que pague su parte, que establezca esas "medidas para financiar el coste adicional".

Claro que Ramírez se quedó sólo con la letra de la Ley que le interesa, porque esa aportación económica del Estado para sufragar los costes está claramente condicionada, como se recoge en el texto y como implica todo el espíritu de la Ley, a una apuesta clara y decidida por contaminar menos, que en este caso debería traducirse en programas de prevención, en bajarse al barro para adoptar medidas que impliquen contaminar menos, separar las basuras, reciclar más. Algo que de momento en Medio Ambiente no se han planteado.

Esa disposición adicional tercera tiene un segundo artículo: "2. Las anteriores medidas no alcanzarán al traslado a la península de aquellos flujos de residuos a los que les resulten de aplicación las obligaciones que deriven de la responsabilidad ampliada del productor". Sin que quede tan siquiera claro si esto excluiría a la Ciudad ya de poder pedir subvención al Estado.

Pero más aún, tampoco convendría que Medio Ambiente pasara por alto, antes de pedir el rescate al Estado de la basura ceutí, el artículo 11. En él establece que el Ministerio para la Transición Ecológica puede, con o sin ayuda mediante, pedirle cuentas de la gestión de su basura a cualquier ayuntamiento o autonomía. Abre la puerta a una verdadera auditoría a fondo de lo que se esté haciendo. Tal vez, dados los más de 70 millones que se gasta ya el Ayuntamiento en gestionar la limpieza y la basura de los ceutíes, esto podría ser de lo mejor que podría pasar a los ceutíes vista la gestión.