El Gobierno de la Ciudad espera que haya acuerdo sobre los menores este miércoles
Este miércoles se celebra la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a la que están convocadas todas las comunidades y ciudades autónomas a discutir con el Gobierno un pacto que alivie la situación en la acogida de menores extranjeros que están padeciendo Canarias y Ceuta, desbordadas en sus recursos. Según ha explicado el propio presidente del Ejecutivo de la Ciudad, Juan Vivas, este mismo martes a la periodista Angels Barceló, Ceuta cuenta ahora con 4 veces más menores que lo que sus recursos de acogida tienen previsto. Sobre la mesa, el Gobierno de la Nación quiere que el PP y las comunidades gobernadas por los populares acuerden una reforma de la Ley de Extranjería que, tal y como piden tanto Canarias (gobernada por Coalición Canaria) y Ceuta, establezca la obligación de la solidaridad entre regiones y haga automática la derivación para agilizar unos trámites que en la actualidad se alargan a medio año para trasladar a un menor de una autonomía a otra. ¿El problema? Que VOX que sustenta a muchos gobiernos autonómicos del PP ha cerrado la puerta al acuerdo y a la solidaridad planteando una solución “hipócrita” en palabras de Vivas que es la devolución de los menores, algo prohibido por las leyes internacionales. Aún así, el portavoz del Gobierno de la Ciudad, Alejandro Ramírez se ha mostrado optimista ante la cita y espera que haya acuerdo.
“Con la esperanza de que mañana haya acuerdo”, ha apostillado a la explicación de qué es lo que busca el Gobierno de la Ciudad de la mano de Canarias en la reunión.
Aún así, el Ejecutivo ya tiene plan b, por si no sale un acuerdo, que se daba por hecho la semana pasada, pero que la irrupción de VOX ha puesto en tela de juicio. Las informaciones nacionales recogen en las últimas horas que es probable que el PP apoye una cuota de reparto pero no la modificación de la Ley de Extranjería que resolvería el problema de fondo. Dicho de otro modo, las autonomías se comprometerían a aceptar menores de Canarias y Ceuta, pero los trámites seguirían faltos de agilidad.
Ese reparto al que sí parecen estar dispuestos los gobiernos autonómicos populares “es una solución parcial para aliviar la situación” ha explicado Ramírez, precisamente aludiendo a que cada traslado cuesta 5 meses de trámites burocráticos en la actualidad.
Por eso Ramírez ha apelado a la “negociación” de esa reforma de la Ley. “Esperamos que pueda salir adelante. Consideramos que este reparto que se puede hacer de manera equitativa y solidaria, debe ser de una forma más ágil y automática y que el Estado tenga control. Si no, no estaríamos en la situación de hoy, pendiente de una Conferencia Sectorial”, ha añadido Ramírez.
De momento la Ciudad lo que ha hecho es volver a los “establecimientos adicionales” para la acogida de menores. Y en ese plan b del que formarían parte esos recursos de emergencia, la Ciudad cuenta también con que en todo caso el Gobierno Central cumpla con lo ya pactado y aporte financiación extra para cubrir los gastos derivados de esa atención. En abril el Ejecutivo de la Ciudad ya había consumido 4,6 millones de euros, 100.000 euros más que lo que establece la financiación que recibe del Estado para atender esta competencia.