El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha presentado este jueves ante el pleno una propuesta mediante la que ha reclamado soluciones para las familias que no tienen acceso a un contrato de suministro eléctrico por no contar con cédula de habitabilidad de sus viviendas. Una reivindicación que no es nueva y que fue, durante años, caballo de batalla de una de las formaciones origen de la actual Ceuta Ya!, Caballas, quien ya planteó esta necesidad en diversas ocasiones ante el pleno.

Ahora, sin embargo, sí es posible facilitar la situación de esas familias, ha explicado el portavoz en este punto de MDYC, Mohamed Duas, por haberse recogido en el PGOU la figura de las viviendas fuera de ordenación o sus asimiladas, que si bien no lleva a su legalización, tampoco deja a sus habitantes en el limbo, permitiéndoles acceder a servicios básicos sin contar con la tan traída y llevada cédula de habitabilidad.

Y es que, una opción similar ya se recogía en la ordenanza aprobada en 2013, quedando finalmente eliminada de la misma tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no entraba en el fondo ni en la legalidad de la misma, sino que se limitaba a señalar que el ámbito competencial de la ciudad no permitía tomar esta medida, algo que, han explicado desde MDYC, ha quedado superado con la aprobación del PGOU.

Tan solo Vox se ha mostrado en contra de esta iniciativa, acusando a MDYC de representar los intereses de quienes residen en viviendas ilegales y de pretender que se dote de suministro a espacios que cuentan con los requisitos para ser habitados, pero es que, han recordado tanto desde MDYC como desde Ceuta Ya!, en muchos casos se trata de viviendas que ya cuentan con contrato de suministro, solo que a nombre de otros titulares, impidiéndose el cambio por no contar con esa cédula de habitabilidad.

El Gobierno, por su parte, ha explicado que, una vez aprobado el PGOU, se está buscando la fórmula adecuada para acabar con esta situación. Para ello se ha realizado un encargo a un catedrático especializado en materia urbanística, el mismo con el que se consultó en Andalucía para el establecimiento de su legislación en este sentido, que conoce la ciudad y su problemática urbanística, para que redacte el procedimiento que pueda dar luz verde al reconocimiento de esa figura de viviendas fuera de ordenación permitiendo el contrato de esos servicios básicos de electricidad o agua