El consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, vive completamente ajeno a las posibles irregularidades que podría enfrentar su área delegada y prefiere mirar a otro lado ante un caso lleno de rarezas que, de ser cierto, podría rayar la prevaricación. No sabe, no contesta, y, cuando lo hace, el circunloquio sobre cómo debería haber obrado la Policía Local -por confirmar está si así lo ha hecho- y el posterior trámite administrativo es infinito. Valorar una hipotética arbitrariedad de las actuaciones de las autoridades cuando se trata de actuar en locales hosteleros ni siquiera entra en la ecuación. Sea como sea prefiere mirar a otro lado.

No habrá por tanto investigación sobre la coyuntura concreta de un bar de la calle Mártires que trae de cabeza a los residentes de la zona. Una vecina ya ha realizado más de cuarenta denuncias -tan solo desde febrero- en las que aporta pruebas sobre la sistemática violación del horario de terrazas, recogido en su pertinente Ordenanza. Ramírez lo ignora de manera activa y su respuesta es, en resumen, lo que debería haber sido y no fue.

El cierre parcial o definitivo del local o la multa son los tres resultados posibles para el incumplimiento reiterado de la norma, pero para ello, debe llevarse a cabo el aviso. La inacción de la administración obligó a esta mujer a introducir un escrito a través del Registro, primera noticia del asunto que parecía tener la consejería. Es entonces cuando, a pesar de sus reiteradas llamadas al 112, la interesada logra que se envíe una primera notificación al pub, que no se pudo entregar al estar este cerrado.

"Sí ha llegado a Fomento, como cualquier otra denuncia", asegura por su parte Ramírez, autoconfesado desconocedor del caso. No es del todo cierto, de ahí la preocupante situación que parece darse dentro de la administración.

"Al final estos temas se solucionan cumpliendo con la norma", dice sin darle importancia el consejero. Sobre el papel suena estupendo, pero no siempre se traslada a la realidad y deja la pelota en el tejado de un establecimiento que, según habría confirmado Urbanismo a la denunciante, no contaría siquiera con licencia de apertura ni de terraza.

"Una vez se ha tramitado la denuncia, la Policía Local va al establecimiento y observa cualquier incumplimiento y se tramita con total normalidad aplicando el procedimiento administrativo sancionador", repite, haciendo oídos sordos al problema y la cuestión a investigar por el Gobierno: si los atestados policiales cumplen esa suerte de ciclo vital que insiste en reiterar como si lo fuera a hacer más cierto.

Cuando se le desliza la presencia de un jefe del cuerpo municipal en dicha terraza aparentemente inmune a toda denuncia vecinal, insiste: "Si ha habido denuncia la policía se habrá personado y si ha habido incumplimiento se abrirá expediente sancionador".

"Cualquier expediente administrativo que se tramita finaliza como es oportuno", vuelve a decir. Aplica la célebre frase de Joseph Goebbels "una mentira repetida mil veces se convierte en verdad". "Si se cumple la norma se termina el problema", reitera una vez más.