La concesión de contratos por parte de las empresas públicas en Ceuta ha sido y será controversia en los años venideros, podríamos hablar de tretas como el fraccionamiento de contratos, donde se divide un contrato grande en varios pequeños, de esta forma se estará evitando la licitación pública obligatoria, tal y como apunta, supuestamente, en la empresa pública Acemsa.

Adjudicaciones directas de un contrato a una empresa sin realizar un proceso de licitación competitivo, falta de transparencia no publicando información suficiente sobre dichos contratos como los criterios de selección de las empresas adjudicatarias a los precios acordados, conflicto de intereses de miembros de la empresa pública que adjudican los contratos teniendo intereses personales o comerciales en las empresas adjudicatarias. Todas estas malas praxis tienen graves consecuencias como la pérdida del dinero público ya que los contratos pueden adjudicarse a empresas que no ofrecen la mejor relación calidad-precio, reducción de la competencia, ya que tienen menos posibilidades de ganar contratos, dañar la imagen de la empresa pública, como está sucediendo, ya que la corrupción está erosionando la confianza en las empresas públicas. Hay que refrescar la memoria y decir que en nuestra Ciudad se han producido varios casos de fraude entre los que destacan, por un lado, en el año 2021, la Fiscalía Anticorrupción investigó la adjudicación de un contrato de limpieza de colegios por parte de la Consejería de Educación y Cultura a una empresa que no cumplía los requisitos mínimos.

En el año 2022, el Tribunal de Cuentas Europeo detectó irregularidades en la adjudicación de un contrato de obras por parte de la Autoridad Portuaria en Ceuta.

Para que esto no suceda y combatir el fraude en la concesión de contratos las empresas públicas deberían aplicar procedimientos de licitación transparentes y competitivos, publicar información suficiente sobre los contratos que se vayan a adjudicar, establecer mecanismos para prevenir y detectar conflictos de intereses, implementar controles internos, donde los políticos (los amigos de lo ajeno) no puedan meter su mano para poder garantizar el cumplimiento de la ley.

Se debería crear un órgano por parte de las autoridades para investigar las denuncias de fraude, sancionar a las empresas que lo cometan, fortalecer y cumplir los marcos legales para prevenir el fraude. La lucha contra el fraude en la administración debería ser el baluarte de la administración ceutí, garantizando una buena gestión de los recursos públicos y no despilfarrándolos para pagar favores a los amiguetes.

Factores históricos y políticos han creado la falta de transparencia, ya que siempre ha existido una deficiencia en los mecanismos de control en la gestión pública, lo que está facilitando la corrupción y la fragilidad de algunas instituciones, especialmente en transición política, creando nichos de poder donde se han desarrollado prácticas corruptas, seguido de la desigualdad y la pobreza que aumentan la vulnerabilidad de la población, la falta de oportunidades laborales decentes, sin olvidarnos de la cultura del clientelismo en busca de favores e intercambio de influencias que están arraigadas como prácticas habituales.