Los acontecimientos en el sector eléctrico desde finales de diciembre pasado se suceden de un modo vertiginoso. Primero se anunció una subida del 11% debido al sorprendente resultado de la última subasta CESUR de 2013. El ministro Soria, que anteriormente había defendido reiteradamente la bondad de estas subastas, se quejó amargamente del resultado y habló de burda manipulación. Después se produjo una intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que llevó a la anulación de la subasta y a una propuesta de fijación del precio de la electricidad por parte de la CNMC para el primer trimestre de 2014 que fue atendida por el Gobierno. Resultado: una subida del 2,3% que correspondía con el límite inferior propuesto. Todo ello en un contexto de enfrentamiento entre el Ministro de Industria y las grandes eléctricas motivado por la retirada en el último momento de más de 3.000 millones de euros de los presupuestos Generales del Estado que tenían como fin eliminar el déficit de tarifa de 2013. Para más inri fue el propio Rajoy quien señaló que el gobierno intervendría... el mismo día en que se publicaba en el BOE la nueva ley eléctrica (Ley 24/2013) que pretendidamente acabaría con la posibilidad de incurrir en nuevos déficit por encima del 2% de las cantidades totales recaudadas en el negocio eléctrico y que por tanto obliga a futuras subidas.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria Soria ha indicado que las compañías eléctricas ofrecerán un contrato estándar de un año o la opción de pagar exactamente lo que vale la electricidad cada hora

El ministro de Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado hoy la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley turística canaria de renovación por ser contraria a la normativa europea y española, y "atentar contra la libertad de prestación de servicios". Soria ha informado de la presentación de este recurso en una conferencia que ha ofrecido en un encuentro con la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, contraria a la ley aprobada por el Gobierno canario por condicionar la construcción de hoteles de cuatro estrellas a la rehabilitación, y limitar así una oferta demandada y necesaria en Gran Canaria.

En 2010, el saldo favoreció a España por primera vez desde 1979

La importación de electricidad de origen nuclear procedente de Francia por parte de España ha sido, desde hace décadas, uno de los argumentos predilectos de los defensores de la energía atómica. Lo utilizaba, a principios de los noventa, el presidente-fundador del PP, Manuel Fraga (entonces, al frente de la Xunta gallega), para apuntalar su rechazo a la moratoria nuclear decidida en 1984, dos años antes del accidente de Chernóbil; y, más recientemente, también han recurrido a esa línea tanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, como el expresidente del Gobierno Felipe González (un converso en la defensa de esta energía) para justificar su apoyo a la continuidad de la central nuclear de Garoña (Burgos).

Las víctimas mortales superan las 10.000 y hay 600.000 desplazados

Con temperaturas nocturnas de un grado, la falta de energía está azotando a los supervivientes del norte de Japón: 2,6 millones de hogares se enfrentaron la pasada noche sin electricidad a la gélida espera. Además, 1,4 millones carecen de agua corriente y 3,2 millones se podrían encontrar sin suministro de gas en las próximas horas, según un informe de la Oficina de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), que reclama alimentos, agua potable, mantas, combustible e instrumental médico. Los primeros equipos de rescate de los 69 países que ofrecieron ayuda humanitaria empezaron a llegar ayer a las zonas afectadas. Entre ellos llama la atención China, que aparcó temporalmente las tensas relaciones diplomáticas que tiene con Japón.

MADRID- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de adjudicar los contratos de suministro de gasóleo y electricidad para sus infraestructuras de los años 2010 y 2011 por un importante total de 512 millones de euros, según informó ayer el Ministerio de Fomento.
El contrato de luz asciende a 413,7 millones de euros y se ha repartido entre Endesa Energía (101,5 millones), Iberdrola (199 millones), Hidrocantábrico Energía (42,5 millones), Unión Fenosa (11,5 millones) y Factor Energía (59,1 millones). Los puntos de suministro han sido distribuidos en 16 lotes en función de criterios de proximidad geográfica y de explotación ferroviaria.
El suministro de gasóleo se ha repartido entre Transportes y Servicios de Minería (24,9 millones), Cepsa (22,1 millones), GAL (24,4 millones) y Repsol (27,2 millones).
Se trata de la primera vez que Adif adjudica ambos contratos por un periodo de dos años. El objetivo del nuevo sistema es obtener mejores condiciones de los suministradores, así como introducir mayor competencia.

El presidente de México, Felipe Calderón, decretó hoy la liquidación de empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que abastece de electricidad a la capital y al centro del país, y la Policía Federal ocupó las instalaciones de la compañía, tomando por sorpresa a los trabajadores.

Los argumentos esgrimidos por Calderón son que la empresa presenta "comprobada ineficiencia operativa y financiera", tiene un pasivo laboral de 240.000 millones de pesos (18.000 millones de dólares) y sus costos "casi duplican a sus ingresos por ventas".

En el decreto, el mandatario afirma que desde su creación LyFC "no ha cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas, las cuales lejos de disminuir se han incrementado en los últimos años".

Esas transferencias, dijo Calderón, entre 2001 y 2008 aumentaron en más de un 200 por ciento.

También aseguró que "los resultados reportados por Luz y Fuerza del Centro son notablemente inferiores respecto de empresas u organismos que prestan el mismo servicio a nivel internacional".

Asegura que los trabajadores de la empresa serán indemnizados conforme a las leyes laborales.

Según fuentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la empresa tiene 88.000 trabajadores, 60.000 sindicalizados (de los cuales unos 20.000 son jubilados) y 28.000 temporales o por honorarios.

Horas antes de publicarse el decreto, agentes federales tomaron las instalaciones de LyFC, cuyos trabajadores agrupados en el SME mantienen un fuerte enfrentamiento con el gobierno porque no reconoce a su líder sindical, Martín Esparza.

En defensa de su líder, miles de trabajadores marcharon el pasado jueves por las calles del centro de la capital en dirección a la residencia presidencial de Los Pinos.

Los sindicalistas denunciaron hoy que en ningún momento fueron notificados de la ocupación de las instalaciones de la empresa por parte de la Policía Federal.
 

Protestas de los trabajadores


Los  trabajadores de la compañía pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC) se concentraron hoy en la sede del sindicato, mientras sus líderes analizan medidas en respuesta a la intervención de la empresa por parte del gobierno.

Imágenes proporcionadas por Milenio Televisión mostraron a decenas de trabajadores de LyFC en el exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), en el centro de Ciudad de México, gritando consignas contra las autoridades.

Según la cadena televisiva, entre las personas concentradas hay posiciones moderadas, que proponen esperar unas horas antes de tomar una decisión sobre el asunto, y radicales, que sugieren bloquear inmediatamente la Avenida Insurgentes, una de las arterias de la ciudad.

En un comunicado el SME informó de que las instalaciones de LyFC fueron ocupadas por policías federales poco antes de las 23.00 horas locales del sábado (04.00 GMT del domingo), sin que el sindicato "tenga conocimiento de que se haya exhibido alguna orden de presentación o aprehensión" contra alguno de sus líderes.

"Dicho suceso afortunadamente está transcurriendo sin incidentes hasta ahora por parte de los trabajadores de guardia de cada una de las instalaciones, incluyendo elementos de seguridad que resguardaban los inmuebles afectados", indica el boletín.

Tras la acción de los policías federales, el Gobierno publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el que anunció la liquidación de la empresa por sus malos resultado operativos y financieros.

El SME, enfrentado con las autoridades porque no reconocen a su líder, Martín Esparza, alertó en el comunicado de las "graves implicaciones" que la medida puede acarrear a miles de trabajadores y a los millones de usuarios del servicio.

El decreto asegura que el suministro está garantizado y que los trabajadores serán indemnizados de acuerdo a las leyes laborales.

Debido a la "incertidumbre" y a la "poca información" de que dispone, agregó el sindicato, la agrupación de trabajadores tardará unas horas en "fijar una postura" sobre los hechos, que calificó de "cuestionables y desconcertantes".

El Gobierno analiza la creación de "incentivos negativos"