En innumerables ocasiones he reflexionado en relación a la capacidad de tergiversar los datos reales existentes por parte de los expertos manipuladores del partido socialista. Excelentes profesionales de la comunicación y del marketing político apoyados por los principales grupos de comunicación del país así como, por un importante número de asociaciones, organizaciones y centrales sindicales empeñadas en mantener los privilegios alcanzados en los últimos años cifrados presuntamente en cientos de millones en ayudas directas.

No obstante, aún quedan en nuestro país algunos medios de comunicación independientes cuya única pretensión es la búsqueda de la verdad a través de un laborioso periodismo de investigación. Precisamente, este ha sido el motivo que ha permitido a los españoles conocer las cifras del desempleo reales sin haber sufrido aún la correspondiente manipulación de los ideólogos socialistas. Un error del organismo competente en elaborar las estadísticas, el Instituto Nacional de Estadística, dejo al descubierto el pasado lunes, durante unos minutos, los datos de paro sobre el primer trimestre que serán publicados mañana viernes.

Cifras que, de confirmarse el próximo viernes situarían el número total de desempleados en el primer trimestre del año, en 4.612.700 personas, lo que supone una subida de 286.200 parados frente a los tres últimos meses de 2009. Canarias, con un 27.68%, es la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo seguida de Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana, Ceuta, Baleares, Castilla-La Mancha y Melilla, todas ellas por encima del 20%. Debo aclarar, que esta estadística no computa como desempleados a todos aquellos ciudadanos españoles que se encuentran inscritos en las diferentes oficinas del Servicio Público de Empleo recibiendo algunos de los diferentes cursos de formación existentes.

En definitiva, a pesar de la campaña de manipulación informativa organizada por el progresismo español en los últimos días al tergiversar los motivos reales de la imputación del magistrado estrella, Baltasar Garzón, la realidad es más que evidente, España continúa destruyendo empleo, incrementado el IPC de los productos básicos y aumentando el déficit público mientras, sus dirigentes políticos se empeñan en desviar la atención de los ciudadanos atacando al propio Estado de Derecho, embistiendo brutalmente contra los miembros del Poder Judicial, el tercer Poder de un Estado democrático.

La semana pasada, los españoles tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación, de una información que revela claramente la incapacidad del Ejecutivo socialista que, al igual que ocurriera a mediados de los años noventa, plantea una propuesta antisocial de reforma del sistema de la Seguridad Social, al pretender ampliar la edad de jubilación ordinaria desde los 65 a los 67 años. Medida argumentada en una supuesta incapacidad de mantener el actual sistema nacional de pensiones a consecuencia del envejecimiento de la población activa.
Información, precedida de la publicación en los medios de comunicación de las últimas cifras aportadas por la Encuesta de Población Activa para el primer mes del nuevo año, indicando un aumentó en 124.890 personas, lo que supone iniciar el año con una cifra de 4.048.493 de desempleados, la mayor cifra desde 1996. Con este incremento, la tasa de paro creció nueve décimas en los últimos tres meses del ejercicio pasado, alcanzando en este primer mes del año el 21,66%. No obstante, según los datos facilitados por importantes organismos internacionales, aún no hemos alcanzado la cota máxima de unas cifras que evidencian la incompetencia del Ejecutivo socialista.
Por tanto, resulta más que evidente, que el motivo que justifica esta medida, es la considerable disminución en el número de trabajadores que cotizan a las arcas públicas como consecuencia de la nefasta gestión económica de José Luís Rodríguez Zapatero y su equipo económico. Una medida rechazada por todas las centrales sindicales y formaciones políticas a través de sus máximos mandatarios; Ignacio Fernández Toxo, Cándido Méndez, Mariano Rajoy, Artur Mas, Gaspar Llamazares, Joan Herrera e incluso, el portavoz de la corriente interna del PSOE Izquierda Socialista, Juan Antonio Barrio de Penagos.
Propueta, que supone un grave recorte en los derechos de los españoles, el mayor ataque al modelo social español de los últimos años, solo equiparable al denominado “Plan de Empleo Juvenil” ideado por el Ejecutivo socialista de Felipe González, con el objetivo de que los jóvenes tuvieran un primer empleo y adquirieran experiencia pero, que en realidad originó los contratos "basura", llamados así por su baja remuneración y porque su extinción no daba derecho a prestaciones sociales o la legalización de las empresas de trabajo temporal ETT con el objetivo de crear empleo aunque este fuera precario y en peores condiciones.
Una vez más, la historia se repite y al igual que ocurriera en el año 1995, todos las fuerzas sociales han expresado su rechazo a una medida planteada en la última semana a pesar de que, semanas antes el propio ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, llegara a afirmar que no contemplaba esta posibilidad y recordaba que España era uno de los países de la vieja Europa con la edad de jubilación más tardía. En definitiva, una medida propuesta por una formación supuestamente de izquierdas que solo ha recibido su aprobación desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.